Lo más preocupante de la
próxima Ley de Seguridad Ciudadana es que
arrebatará a los tribunales el control sobre la legalidad de
numerosas conductas, privando a los ciudadanos de las garantías
propias de un procedimiento judicial para dejar a la arbitrariedad de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la decisión en torno a
cuándo un acto atenta contra la seguridad o el orden públicos. El Gobierno, retorciendo el lenguaje como suele, habla de
despenalización de supuestos antes tipificados como faltas en el Código Penal; sin embargo, en realidad, lleva esos supuestos al
terreno administrativo y les impone sanciones más graves que
las ahora previstas, para que
sea la Policía quien
interprete y ejecute la ley como estime oportuno. Al ciudadano
únicamente le queda
el recurso a los tribunales una vez ha sido reprimido y multado, y
para ello está obligado a abonar, además de los gastos de abogado y
procurador, unas tasas que
vienen determinadas por la cuantía del pleito, es decir, por el
importe de la multa en cuestión. Esto no es despenalizar, sino
administrativizar el Derecho Penal, sustrayéndolo a las garantías
reforzadas que
su aplicación exige, algo que
recuerda demasiado a la Alemania del III Reich.
Publicado en La Opinión de Murcia, 5/12/2013.
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